Durante el último año, las personas con discapacidad, incluidos los niños y los jóvenes, se han visto obligadas a defender sus derechos ante importantes ataques. Solo en el último mes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha dado marcha atrás en su interpretación, mantenida durante décadas, del caso Olmstead contra L.C. (1999) y de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), mediante un memorándum jurídico. El 20 de julio de 2026, el DOJ aclaró, además, que “no se basará en las Directrices de Olmstead para la aplicación del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)”. La mayoría de los cambios y retos afectan al “mandato de integración”, que permite a las personas con discapacidad recibir servicios en la comunidad en lugar de en instituciones.
[Leer más] para ver un resumen de las actualizaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El Departamento de Justicia deja de utilizar el caso Olmstead como referencia
Un mes después de publicar su informe jurídico sobre el caso Olmstead y el “mandato de integración”, el Departamento de Justicia publicó un aviso en el Registro Federal para aclarar su postura respecto del caso Olmstead. El aviso establece que “el Departamento no se basará en las directrices del caso Olmstead al hacer cumplir el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)”.
La guía de 2011, actualizada por última vez en 2020, consiste en una serie de preguntas y respuestas sobre qué se considera un entorno más integrado según la ADA y el caso Olmstead, quiénes deberían poder acceder a los servicios, etc. Desde entonces, los tribunales han respaldado la guía y tanto los gobiernos estatales como el federal se han basado en ella para proteger los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, el Departamento de Justicia (DOJ) afirma ahora que estas directrices “no son aplicables” ni tienen carácter jurídicamente obligatorio, lo que podría poner aún más en peligro los servicios y apoyos comunitarios para las personas con discapacidad. El Departamento cita la declaración que figura al final de las directrices como parte de su justificación:
“Los documentos orientativos publicados en esta página web no pretenden constituir una resolución definitiva de la agencia, no tienen carácter jurídicamente obligatorio y carecen de fuerza o efecto de ley. Dichos documentos pueden ser revocados o modificados a entera discreción de los Departamentos, de conformidad con la legislación aplicable. Los documentos orientativos de los Departamentos, incluida la presente guía, no establecen responsabilidades jurídicamente obligatorias más allá de lo exigido por los términos de las leyes, reglamentos o antecedentes judiciales aplicables”.
El Departamento tiene previsto revisar las recomendaciones basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 en el caso “Loper Bright Enterprises” contra Raimondo, “para determinar si las recomendaciones de Olmstead son coherentes con el “único y mejor significado” de la ADA”.
Lea la respuesta de Family Voices al informe jurídico y nuestra hoja informativa, en inglés o en español.
Demanda sobre la Sección 504
En septiembre de 2024, Texas y otros 16 estados (Texas contra Becerra) alegaron que la Sección 504 es inconstitucional e impugnaron las normas actualizadas de la Sección 504 publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en 2024. Tras la indignación de la comunidad de personas con discapacidad, los estados retiraron su demanda. Sin embargo, en enero de 2026, Texas y otros ocho estados (Texas contra Kennedy), Alaska, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Misuri, Montana y Dakota del Sur reanudaron su demanda contra la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y el mandato de integración.
Si la demanda tiene éxito, especialmente si se suma a la nueva interpretación del Departamento de Justicia (DOJ) de la ADA y del caso Olmstead, es posible que más personas con discapacidad se vean obligadas a ingresar en instituciones para recibir los servicios que necesitan, en lugar de recibirlos en sus hogares y comunidades.
A fecha de julio de 2026, el número total de estados implicados en la demanda ha descendido de 16 a 3. Entre los que se han retirado recientemente se encuentran Indiana, Dakota del Sur, Kansas, Montana, Luisiana y Misuri. No obstante, el caso sigue en curso, con un calendario de vistas que se extiende del 4 de mayo al 6 de agosto de 2026.
“Family Voices” y “Youth as Self-Advocates” (YASA, por sus siglas en inglés) han colaborado para elaborar información en lenguaje sencillo sobre la Sección 504, lo que abarca y la demanda original, tanto en inglés como en español.
Las Oficinas de Educación Especial, Servicios de Rehabilitación y de Derechos Civiles se separan del Departamento de Educación
En junio de 2026, el Departamento de Educación de los Estados Unidos (EU, por sus siglas en inglés) anunció sus planes de trasladar la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (OSERS, por sus siglas en inglés) al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) al Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés). Aunque el Ministerio de Educación afirma que OSERS y la OCR mantendrán sus responsabilidades y seguirán trabajando sin interrupción, este cambio trasladará funciones fundamentales en materia de educación y derechos civiles a organismos que no están diseñados para supervisar los centros educativos, la educación especial ni los derechos civiles relacionados con la educación.
¿Qué servicios prestan la OSERS y la OCR?
- OSERS: Oficina de Educación Especial (OSEP, por sus siglas en inglés) y la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA, por sus siglas en inglés)
- Supervisa los programas que garantizan que los centros educativos cumplan las necesidades de los alumnos con discapacidad y faciliten la transición de la escuela al mundo laboral y a la vida en la comunidad
- Distribuye los fondos federales destinados a la educación especial, ofrece orientación a los estados y a los centros educativos, apoya la capacitación del docente, financia la investigación sobre métodos de enseñanza eficaces y garantiza que los alumnos reciban los servicios a los que tienen derecho por ley
- Oficina de Derechos Civiles (OCR)
- Investiga los casos de discriminación en los centros educativos, incluida la discriminación por discapacidad
- La forma principal en que las familias pueden solicitar la aplicación de la legislación federal sin acudir directamente a los tribunales
¿Qué es la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés)?
La IDEA es una ley sobre educación y derechos civiles que se promulgó en una época en la que a los niños con discapacidad no se les permitía asistir a los colegios públicos, se les negaba la educación o se les internaba en instituciones. IDEA garantiza que los niños con discapacidad tengan acceso a una educación pública gratuita y adecuada. Regula la forma en que los estados y los organismos públicos prestan servicios de intervención temprana, educación especial y servicios relacionados a millones de bebés, niños pequeños, niños y jóvenes con discapacidad que cumplen los requisitos.
IDEA es un elemento más que contribuye a que las personas con discapacidad se integren en sus comunidades.
¿Qué significa esto para las familias y los niños con necesidades médicas especiales y discapacidades?
Según “The Arc of the United States”, las familias pasan meses, a veces años, intentando que los colegios cumplan la ley. Separar la educación especial y la defensa de los derechos civiles entre distintos organismos podría generar más confusión cuando los alumnos no tienen tiempo para esperar.
- Para las familias de alumnos con discapacidad, la separación entre la educación especial y la defensa de los derechos civiles podría suponer:
- Más confusión sobre a quién acudir cuando a un niño se le niegan servicios o adaptaciones
- Retrasos más prolongados cuando un alumno se queda sin clases, terapias, apoyos o materiales accesibles
- Menor coordinación entre la supervisión de la educación especial y la defensa de los derechos civiles
- Más obstáculos cuando un alumno se enfrenta al acoso, exclusión, medidas de inmovilización, aislamiento o medidas disciplinarias discriminatorias
Lea el resumen de “Arc of United States” sobre el cambio de capacidad de la agencia: Sacar la educación especial del Departamento de Educación pone en riesgo los derechos de los alumnos (Nota: este artículo está disponible en varios idiomas utilizando la aplicación de Google en la parte posterior de la página web)
